Causa Abierta es un evento público de reflexión, debate y análisis a realizarse en el marco de la III Conferencia de Población y Desarrollo cuyo objetivo es hacer un enérgico llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Con este fin, Causa Abierta presentará y discutió cuatro casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o derechos reproductivos presentados por diferentes organizaciones feministas de la región.

Publicación final: Causa Abierta

Los casos fueron analizados por un comité de expertas/os (representantes de diversos saberes), quienes realizaron un balance de los vacíos y fallas, los derechos vulnerados, las consecuencias sobre la salud de mujeres y niñas y/o los problemas éticos que suscita.

Las/os expertas se pronunciaron también sobre los incumplimientos a distintos compromisos internacionales de los estados en estas materias, así como respecto de las medidas del Consenso de Montevideo que deberían orientar la acción de los Estados en los distintos casos.

Causa Abierta se realizó el 6 de agosto de 17.30 a 20.00 horas en el Hotel Sol de Oro de Lima, Perú (Calle San Martín 305 Miraflores). Evento en Facebook: www.facebook.com/events/201534177188338/

Las Causas

La tragedia del Hogar Virgen de la Asunción, Guatemala

Presentan: Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales – RedLAC

El 7 de marzo del año 2017, las adolescentes del Hogar Virgen de la Asunción ubicado en San José Pinula, Guatemala; que se encontraba bajo el cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia -SBS-, realizaron una manifestación denunciando los malos tratos y la violencia sexual que sufrían dentro del centro. Posteriormente se llevó a cabo una fuga masiva. Después de haber sido capturados de manera violenta por agentes de la Policía Nacional Civil -PNC-, a la 1 de la mañana del 8 de marzo, los varones adolescentes fueron regresados a sus dormitorios, mientras que a las 56 mujeres adolescentes las encerraron en el salón denominado “la escuela”, de 47 mt2, donde cada una tenía 80 centímetros para moverse. El salón no tenía baño ni agua potable; en ese lugar acomodaron 22 colchonetas sin forro, sin sábanas, ni ponchos para abrigarse.

Ante las condiciones inhumanas en que se encontraban las adolescentes encerradas, durante la mañana del 8 de marzo continuaban manifestando su indignación por los malos tratos y el encierro al que fueron sometidas. Ocurrió un incendio dentro del salón, las adolescentes pidieron auxilio a la policía que las custodiaba para que les permitiera salir. Según los testimonios de algunas sobrevivientes la policía les negó la salida y expresaron frases como: “que sufran esas desgraciadas, que así como fueron buenas para fugarse, que sean buenas para aguantar el dolor.” Dichos testimonios también revelaron que la policía vio cómo se quemaron pero no abrieron la puerta. Como resultado del incendio, 41 mujeres adolescentes fallecieron y 15 resultaron gravemente heridas, lo que suma 56 víctimas de la tragedia.

Esperancita y familiares vs República Dominicana

Presentan: Colectiva Mujer y Salud; y Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora

Apartes tomados del informe Maternidad Libre y Segura en República Dominicana: una deuda pendiente con los derechos de las Mujeres. Women’s Link 2017

Después de haber acudido varias veces al Hospital Docente SEMMA Santo Domingo, Rosaura Almonte Hernández (“Esperancita”) presentó dolores intensos en el abdomen, fiebre y debilidad general. El 2 de julio de 2012 Esperancita ingresó a este mismo hospital, donde le hicieron pruebas de laboratorio y exámenes exploratorios. A Esperancita la hospitalizaron y a la madre le dijeron que su hija tenía un embarazo de 7,5 semanas de gestación, pero no le informaron que se le había diagnosticado leucemia linfoblástica aguda, a pesar de que esta información constaba en la orden de ingreso.

En cuanto Esperancita ingresó al hospital, y durante todo el tiempo en que estuvo internada allí, le hicieron transfusiones de sangre con la intención de que su estado hematológico mejorase.

El personal del hospital le mencionó a la madre que al parecer no sólo tendría que asumir los costos del tratamiento —transfusión de plaquetas—, sino también que debería gestionar los recursos para hacerle a su hija un examen que al parecer tampoco estaba cubierto por el plan de aseguramiento del SEMMA.

Ellos me decían que había que hacer un estudio fuera del país para analizar si la niña tenía un problema en la sangre y qué problema era que tenía porque ellos no sabían. Y todo el tiempo me dijeron: “Usted tiene que buscar 12.000 pesos para hacerle ese estudio”. Y yo corriendo porque cómo uno hace 12.000 pesos [madre de Esperancita,
junio de 2015]

La madre de Esperancita estaba muy preocupada por la situación de salud de su hija, que no mejoraba. El personal médico a cargo le informó que sólo podían tratarla con analgésicos porque cualquier tratamiento podía afectar el producto del embarazo. La madre de Esperancita les exigió que atendieran a su hija de la manera adecuada, priorizando su salud y su vida. Lo cuenta con sus propias palabras:

Yo les dije: “Si mi hija tiene un problema en la sangre, yo no quiero ese embarazo ahí. Yo lo que quiero es que me digan qué problema es que tiene mi hija en la sangre” [madre de Esperancita, junio de 2015].

Al poco tiempo la madre solicitó de manera expresa la interrupción del embarazo, tal como Esperancita le había expresado.

Mi hija dijo: “Mami, mi vida es más importante que ese embarazo. Si ese embarazo está enfermo y yo estoy enferma, que lo quiten que yo puedo tener más hijos” [madre de Esperancita, junio de 2015].
Incluso la doctora a cargo del caso solicitó un aborto terapéutico, tal como figura en el acta del Comité de Morbilidad Extrema del 4 de julio de 2012. Pero dicho Comité hizo caso omiso de la solicitud y decidió lo que indica el siguiente párrafo:

“Estabilizar los niveles hemáticos de la paciente. Convocar el Comité de Bioética del Centro. Realizar estudios pendientes (aspirado de médula con inmunohistoquímica) lo antes posible. Trasladar la paciente al Instituto Oncológico Dominicano con la finalidad de proporcionarle el soporte de banco de sangre que no tenemos en el hospital”.

A los pocos días se confirmó el diagnóstico de Esperancita: leucemia linfoblástica aguda, tal como consta en el expediente médico. Aun en este contexto, el cuidado estuvo dirigido a proceso de embarazo. Los médicos le proporcionaban los medicamentos y suplementos para la gestación —progesterona, ácido fólico y complejo B, entre otros— y decidieron retrasar la
aplicación de quimioterapia.

A Esperancita le negaron el acceso a un aborto terapéutico y no le proporcionaron los tratamientos que le permitieran enfrentar la leucemia que la aquejaba a pesar de que sabían que la viabilidad del feto era nula. Además, el departamento de psiquiatría del SEMMA intervino tratando de persuadirla para que cambiara de decisión con respecto a la solicitud de interrumpir el embarazo.

Mientras terceros ajenos a la familia intervenían para intentar disuadir a Esperancita y a su mamá, le retrasaban el inicio del tratamiento de tal modo que no se afectara el curso del embarazo.

Esperancita y su madre sabían que ella no estaba recibiendo el tratamiento adecuado pero los médicos sostenían que el cuadro médico iba mejorando:

Ellos todos los días decían que mi hija estaba bien, que mi hija estaba mejorando. Yoles decía y la niña decía: “Mami, oye, dizque yo estoy bien y todos los dolores no se me quitan del cuerpo y la fiebre no se me quita”. Y me decía ella misma: “Vámonos de aquí, mami, que estos médicos no saben nada, nada”. Mi hija oye, no está, pero mi hija lo dijo: “Mami, estos médicos no saben nada”. Así mismo lo dijo y yo no me llevé de ella, seguí ahí creyendo en ellos [madre de Esperancita, junio de 2015].

El 18 de julio de 2012 a Esperancita le suministraron una primera dosis del medicamento quimioterapéutico para contralar los altos niveles de glóbulos blancos. Sin embargo, sólo fue hasta el 21 de julio, cuando tenía nueve semanas de embarazo, que Esperancita comenzó a recibir el tratamiento completo de quimioterapia. La madre recuerda no sólo que no le explicaron la relación entre el tratamiento que requería y la interrupción del embarazo, sino que además no le informaron los efectos que la quimioterapia tendría.

Tres semanas después de iniciado el tratamiento, Esperancita fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos porque presentó cuadro de sangrado vaginal abundante, según consta en su historia clínica.

El diagnóstico a su ingreso fue “hemorragia alveolar, leucemia linfoblástica y embarazo de 13,3 semanas”. Esperancita murió el 17 de agosto de 2012: “A la 1:30 am inicia la salida transvaginal de sangre acompañada de feto completo […] continuo con hemorragia masiva a pesar del manejo, presentó paro cardiorrespiratorio a las 8:00 am del 17 de agosto de 2012, por lo que se declara fallecida con diagnóstico: shock hipovolémico, hemorragia alveolar, leucemia, linfoblástica aguda, aborto completo”.

Tras la muerte de Esperancita el personal médico evadió a su madre y se negó a darle explicaciones sobre lo que había sucedido. Además, la madre de Esperancita fue maltratada cuando solicitó la autopsia de su hija:

Yo pregunte por la autopsia del cuerpo de mi hija. ¿Y sabe lo que me dijo? Que no, que el cuerpo de mi hija lo van a picar en muchos pedazos […]. “Y no te la van a entregar hoy, eso dura mucho tiempo para entregártela”. O sea que eso duraba como tres o cuatro días, me dijo la doctora [madre de Esperancita, julio de 2015].

Censura al Género en la enseñanza pública, Paraguay

Presenta: Campaña por una Convención de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

En octubre de 2017, empezaron a circular por redes sociales materiales falsos que fueron atribuidos al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de Paraguay. Pese a que el MEC rápidamente manifestara que no eran documentos oficiales, se instaló la polémica en torno a la “ideología de género” en la educación. La diputada conservadora Olga Ferreira de López convocó a una audiencia pública al Ministro de Educación, Enrique Riera, a fin de que diera explicaciones sobre estos materiales. Éste en la audiencia manifestó que “quemaría los libros en la plaza pública si contuvieran ideología de género”.

La Iglesia Católica movilizó a las instituciones educativas religiosas y a organizaciones anti-igualdad de género que se presentan como laicas e independientes.

El Ministro emitió la Resolución 29.664 “Por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”. La Resolución no define lo que entiende como “ideología de género”. Utiliza “ideología” y “teoría” de género como si fueran intercambiables, y prohíbe ambas.

Esta prohibición se da en un contexto donde Paraguay carece además de una política de educación integral de la sexualidad y donde dos niñas entre 10 y 14 años dan a luz diariamente en el país.

Juana, Salta – Argentina

Presentan: Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina, y Red Latinoamericana y del Caribe CDD

En Noviembre de 2015, Juana, una niña indígena de 12 años, dio a luz por cesárea un feto anencefálico producto de una violación perpetrada por ocho hombres criollos en los territorios ancestrales reclamados por la comunidad. La niña atravesó un embarazo durante casi siete meses poniendo en riesgo su vida y su salud, sin tener acceso a atención necesaria ni a información sobre su derecho a practicarse un aborto legal. Los representantes de los distintos poderes públicos en el caso respondieron tardíamente gracias a la fuerte presión mediática y del movimiento feminista argentino. La historia de esta niña es un muestrario de violaciones a los derechos humanos más elementales.

Leer tres causas más aquí.

Comité de expertas

Ana Cristina González Vélez: es médica colombiana, con máster en Investigación social en salud del CEDES, Argentina y PHD en Bioética, Ética aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS), Fundación Fiocruz, Brasil.

Ha sido expositora en universidades como Mount Holyoke College, Harvard y Princeton. Investigadora, activista, docente y experta internacional en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, reformas del sector salud e igualdad de género. Ha servido como consultora de diversas organizaciones internacionales y ha ocupado posiciones en todo el espectro de su profesión: como prestadora de servicios, como formuladora de políticas públicas, como investigadora, como asesora internacional, como activista. Merecen destacarse sus múltiples colaboraciones con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas/UNFPA, el PNUD, ONUMUJERES, y la CEPAL.

Ex-directora Nacional de Salud Pública en Colombia, fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir en Colombia y co-fundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Integrante de la coordinación de la Articulación Feminista Marcosur. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas y libros.

Julissa Mantilla Falcón: Abogada de la Facultad de Derecho la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene un Diploma de Estudios de Género por la PUCP y un LLM por The London School of Economics and Political Science (LSE). Profesora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University (Washington, DC), de la Facultad de Derecho, de la Maestría de Estudios de Género y de la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP, así como del Instituto Colombiano de Derechos Humanos.

Fue la encargada de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Formó parte del equipo de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo que investigó los casos de esterilizaciones forzadas en el Perú. Fue parte de la Comisión de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Colombia. Fue asesora en Género y Justicia Transicional para ONU Mujeres.

Ha sido perita internacional en el Tribunal Simbólico de Colombia para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado (2011) y en el Tribunal de Conciencia del Perú para las víctimas de violencia sexual y de esterilizaciones forzadas (2013). Ha sido perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de violencia sexual, estereotipos de género y el principio de debida diligencia. Además se desempeña actualmente como Amicus Curiae para el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Susana Chiarotti: Abogada. Especialista en Derecho de Familia y Doctoranda en Derecho (UNR). Directora del INSGENAR (Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo) de Rosario, Argentina. Integra el Consejo Consultivo del CLADEM, (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres).

Profesora de la Maestría “El Poder y la Sociedad desde la problemática del Genero” de la Universidad Nacional de Rosario desde 1998 hasta la fecha, a cargo de Género y Legislación. Docente del Diplomado sobre Género y Justicia de FLACSO.
Integra el Comité de Expertas en Violencia contra la Mujer de la OEA, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en representación de Argentina, desde la creación del Mecanismo, en el 2005. Especialista en litigio estratégico, nacional e internacional.

Integró el Grupo Asesor del Secretario General de Naciones Unidas en dos oportunidades. La primera, en octubre de 2006 para colaborar, junto a otras 9 expertas de todo el mundo, en el “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer“ y la segunda para el estudio: El Progreso de las Mujeres en el Nombrada mujer destacada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en marzo 2018.

Leonel Briozzo: Médico y gineco-obstetra. Profesor Titular Grado 5 de la Clínica Ginecotocológica A en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (FMED-UDELAR). Es Jefe del Servicio de la Maternidad “Augusto Tourenne” del Hospital de la Mujer, Centro Hospitalario Pereira Rosell-ASSE. Integrante del Comité de Ética y Profesionalismo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y actual consejero nacional del Colegio Médico del Uruguay. Se desempeña como Asesor Estratégico Internacional de “Iniciativas Sanitarias”- IPPF- RHO y es Asesor Experto de la International Planed Parenthood Federation. Se desempeñó como Subsecretario del Ministerio de Salud Pública durante la presidencia del Sr. José Mujica Cordano (2011-2015) y fue Presidente la 1º Conferencia de Población y Desarrollo -CEPAL- que aprueba el histórico “Consenso de Montevideo”.

Elsa Gómez Gómez: Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia; Master en Sociología Urbana de la Ohio State University, y Ph.D en Sociología y Demografía de esta misma universidad. Trabajó por once años en Colombia como investigadora, docente y planificadora dentro de instituciones de los sectores público y privado. Colaboró en Chile, por un año, con CELADE/CEPAL como investigadora. Se desempeñó durante diecisiete años como Asesora Regional en Género, Salud y Desarrollo en la Organización Panamericana de la Salud, posición desde la cual promovió y apoyó el desarrollo de un Sistema de Información Estadística en ¨Género, Salud y Desarrollo¨, así como la formulación y aprobación por los países miembros de la Política de Igualdad de Género de la OPS. Otras áreas destacadas en su trabajo se refieren, primero, a la Incorporación de una perspectiva de Equidad de Género en las Políticas de Reforma de la Salud, así como también, en el quehacer organizacional de diversas instituciones del sector público y de Naciones Unidas. Y segundo, a la Valoración, Medición y Apoyo del Trabajo no Remunerado del Cuidado de la Salud dentro del Hogar. Es autora de numerosas publicaciones en el área amplia de Género, Salud y Desarrollo.