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Relator de ONU demanda al Estado peruano mejorar la grave situación de defensoras de derechos humanos

La situación de las mujeres y feministas que defienden los derechos humanos en el Perú se torna cada día más preocupante. La estigmatización, la discriminación y los discursos contra las defensoras, que incitan constantemente al odio, son algunos de los problemas que vivimos mientras luchamos por una sociedad más justa e igualitaria.

Como parte del trabajo que viene realizando las Naciones Unidas, el pasado 23 de enero llegó al país el relator especial, Michel Forst, para analizar la situación de las defensoras de los derechos humanos y demandar al Estado la creación de mecanismos y políticas públicas que reconozcan su trabajo y la protección para el libre ejercicio de su labor.

“Las mujeres defensoras en el Perú deben enfrentar grandes riesgos. He sido testigo del coraje, la solidaridad y la relación que tienen aquellas defensoras. Pero también he visto los ataques, las amenazas y la discriminación de la que son objeto. Muchas veces deben trabajar bajo situaciones muy difíciles”, indicó Michel Forst.

Los ataques contra las feministas y mujeres defensoras de la diversidad sexual no solo surgen de grupos fundamentalistas o conservadores, sino también de los mismos agentes estatales, compañías nacionales y trasnacionales, y desde sus propias comunidades. El acoso en redes sociales, la estigmatización en medios de comunicación y la proliferación de discursos misóginos, sexistas y homofóbicos pronunciados por dirigentes políticos y religiosos han normalizado la violencia contra las mujeres defensoras en el Sur del continente.

Para Forst, “el concepto de ideología de género planteado por líderes religiosos, políticos y grupos conservadores se utiliza para justificar la discriminación hacia las defensoras”. Términos como “aborteras”, “mata niños”, “asesinas”, “comunistas” y “terroristas” son parte del discurso que utilizan grupos como “Con mis Hijos no te Metas” con el objetivo deslegitimar nuestras acciones y liderazgos, promoviendo el odio y la desinformación hacia nosotras y nuestras organizaciones.

En 2018 en Perú se reportaron 11 casos de incidentes contra defensoras de derechos humanos. En 2019, la ONG feminista Católicas por el Derecho a Decidir Perú (CDD-Perú) fue demandada por el grupo anti-derechos con la intención de anular su inscripción en registros públicos.

¿Qué está haciendo el Estado? ¿Existe un entorno seguro y propicio para las defensoras de derechos humanos? A través de una misión de trabajo en Lima y diversos departamentos del interior, Forst conversó con más de 475 defensores y defensoras de derechos humanos, además de representantes del Estado, y llegó a la misma conclusión que nosotras: las feministas y defensoras no podemos actuar en un entorno seguro y propicio.

“Me preocupa de sobremanera el uso indebido del sistema judicial para hostigar y silenciar a las personas defensoras del país, en particular a quienes trabajan en defensa del medio ambiente, como Máxima Acuña, una campesina que fue objeto de violencia policial por negarse a abandonar la tierra donde vive”, precisó Forst.

Además, el informe emitido por el especialista indica que la falta de reconocimiento, la estigmatización y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos por parte del Estado y grupos de la poblaciónson cuestiones sistémicas que se refuerzan mutuamente y representan un grave obstáculo”.

La vulneración del derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las personas defensoras forma parte de la lista de problemas a resolver. “Estoy profundamente preocupado por las pruebas que sugieren un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza”, comentó el Relator.

Existe también una respuesta ineficiente de las autoridades ante las violaciones de derechos humanos de las defensoras. “Los defensores y defensoras han encontrado pocas o ninguna medida de protección por parte de la policía y el sistema judicial. Por el contrario, se han enfrentado a la represión y al uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas policiales, en particular cuando las presentan personas LGBTI”, señaló.

Demandas al Estado peruano

El informe emitido por el relator de las Naciones Unidas demanda al Estado peruano:

– Establecer un registro de denuncias e incidencias de riesgo de personas defensoras de derechos humanos, con la participación de la sociedad civil y el sector empresarial, y activar el Protocolo aprobado en abril de 2019.

– Adoptar un enfoque de protección basado en los derechos humanos, que permita a las defensoras conocer y reclamar sus derechos, y aumente la capacidad y la responsabilidad de aquellos encargados de hacerlos respetar, proteger y cumplir.

– Reconocer la importancia del enfoque de género en la protección de las defensoras y aplicar un enfoque intersectorial a la evaluación de los riesgos y al diseño de las iniciativas de protección, y reconocer también que algunas defensoras y defensores corren un riesgo mayor que otros por quiénes son y lo que hacen.

– Centrarse en una “seguridad holística” de las personas defensoras, en particular su seguridad física, su seguridad digital y su bienestar psicosocial.

– Reconocer que las defensoras y defensores están conectados entre sí. La política o estrategia no debería centrarse únicamente en los derechos y la seguridad de los individuos, sino que debería incluir también a los grupos, organizaciones, comunidades y familiares que comparten sus riesgos.

Es deber del Estado peruano garantizar la defensa y protección de los derechos de las defensoras de derechos humanos.

Lee el informe completo del relator Michel Forst de las Naciones Unidas aquí.