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Uruguay aprueba Ley Integral para Personas Trans: un paso urgente y necesario

El Parlamento uruguayo reconoció al fin la discriminación histórica contra el colectivo trans y la necesidad de tomar acciones afirmativas para paliar esta desigualdad estructural. En dos largas jornadas marcadas por el amarillo (color que identifica la lucha por la aprobación de esta ley), tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados aprobaron la Ley Integral para Personas Trans.

Según el único censo que se hizo en Uruguay para relevar a esta población, en todo el país hay 853 personas trans, de las cuales el 90% está compuesto por mujeres. Su esperanza de vida se encuentra por debajo de los 40 años de edad -casi la mitad que el resto de la población uruguaya- y tienen en promedio un ingreso mensual de 7.418 pesos (unos 220 dólares), que disminuye a 3.764 pesos (115 dólares) si superan los 51 años de edad.

El 88% de las personas entrevistadas en el censo declaró haber sufrido discriminación y violencia a lo largo de su vida, marcas que se expresan en la expulsión precoz del hogar, el abandono del sistema educativo, las barreras de acceso a la salud y al mercado laboral, entre otras. Muchas veces, la constante vulneración de derechos y la falta de trabajo formal se configuran para formar un panorama de pobreza y ejercicio del trabajo sexual como única forma de supervivencia.

El anteproyecto de Ley, redactado en conjunto entre partidos políticos y sociedad civil, se presentó al Parlamento en mayo de 2017 e ingresó a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado en noviembre del mismo año. Casi un año después, el 16 de octubre se aprobó en el Senado y el 18 en la Cámara de Diputados.

Mientras en el Parlamento se debatía, las barras de las Cámaras y la explanada del Palacio Legislativo concentraban a cientos de personas con pañuelos amarillos, símbolo de la Campaña Nacional Ley Trans Ya. Tras meses de militancia, 60.000 firmas juntadas a favor de la Ley y una Marcha por la Diversidad que reunió a más de 120.000 personas, las organizaciones que integran la campaña vieron los frutos de su trabajo con lágrimas, abrazos y mucha alegría.

¡Es ley!

¡ES LEY! 💛Al fin Uruguay reconoció la discriminación histórica contra el colectivo trans y la necesidad de tomar acciones afirmativas para paliar esta desigualdad estructural. Que no quede duda, esto fue posible gracias a la lucha diaria y la militancia de las personas trans y de todas las que luchamos por un mundo justo e igualitario. Gracias a todos los colectivos y personas que integran la Campaña Ley Trans Ya 💛#LeyTransYa #EsLey

Posted by Cotidiano Mujer on Friday, October 19, 2018

¿Qué plantea la Ley Integral para Personas Trans?

Identidad: El cambio de nombre y sexo registral, que hasta la aprobación de la ley era un trámite judicial, pasa a ser un trámite administrativo.

Visibilidad: Se incorpora la variable “identidad de género” en todos los sistemas oficiales de información estadística.

Educación: Contempla apoyo psicológico, pedagógico, social y económico para que estudiantes trans puedan concretar su trayectoria educativa. Además, se prevén cupos del 2% en centros educativos, 8% en la beca Carlos Quijano (fondo de posgrado) y 1% de cupo en programas de capacitación y formación de INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional).

Salud: Prestadores de Salud públicos o privados deben encargarse de que la población trans no sufra ningún tipo de discriminación ni patologización en sus servicios. Las personas mayores de 18 años podrán acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas solo con su consentimiento informado. Las menores de edad podrán seguir tratamientos de hormonización, tengan o no consentimiento de sus responsables legales.

Trabajo: Incluye un 1% de cupo laboral para personas trans en todos los llamados públicos.

Vivienda: Se promueve la inclusión de personas trans en programas y políticas relacionadas a soluciones habitacionales.

Reparación histórica: Las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido violentadas institucionalmente o privadas de libertad por su identidad de género podrán solicitar una reparación económica que actualmente es de 11.544 pesos (350 dólares). También en casos de discriminación estatal que haya limitado la educación, el trabajo, la libre circulación u otros derechos humanos. Solo podrán percibir este ingreso aquellas personas que tengan pruebas de la discriminación sufrida, no perciban jubilación, pensión, retiro o subsidio ni cuenten con ingresos superiores a 15 bases de prestaciones y contribuciones mensuales.