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El aumento de los alquileres deja desprotegidas a las familias argentinas

En un contexto de emergencia socio-sanitaria que deriva en el confinamiento y la restricción de muchas actividades económicas, aumentan de manera preocupante los precios de los alquileres y los desalojos por imposibilidad de pago.

En 2020, el Estado Argentino emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 320/20) que congelaba los alquileres y prohibía los desalojos en contexto de pandemia. Sin embargo, el plazo de la medida se cumplió y no se ha definido una prórroga, aún con actividades económicas restringidas.

La Ciudad de Córdoba es una de las tres localidades con índices más altos de hogares alquilados del país. Según un relevamiento hecho por la Asociación Civil Inquilinos Córdoba, entre abril del 2020 y marzo del 2021 se iniciaron 426 causas por desalojos en esa ciudad, pese a que la ley lo prohibía. Es decir: más de una familia por día.

Fotos: Asociación Inquilinos Córdoba

La finalización del DNU 320/20 dejó desprotegido a casi el 40% de las familias inquilinas en Córdoba, que se encuentran con un panorama desalentador: quienes deben renovar el alquiler y quienes buscan una nueva vivienda se encuentran con aumentos superiores al 60%, en un contexto de recesión económica. Por otro lado, la imposibilidad de cumplimiento de pago que genera esta situación dio inicio a las más de cuatrocientas causas por desalojo. La falta de ingresos de muchas familias que mantenían su economía desarrollando actividades laborales “no esenciales” impidió que puedan cumplir con el pago a tiempo de los alquileres.

El Estado debe regular el mercado inmobiliario para garantizar la función social de la vivienda”, afirma la organización Inquilinos Córdoba. En un panorama que augura al menos dos meses más de confinamiento, no es factible pensar en una recuperación de ingresos que permita a las familias trabajadoras saldar lo adeudado. La organización reclama que el Estado debe garantizar la función social de la vivienda con una intervención urgente en relación a las normativas y a su cumplimiento, con precios de referencia y con un trabajo de articulación con las organizaciones civiles.

En el cierre de su comunicado, Inquilinos Córdoba afirma: “La única forma de atravesar esta segunda ola con el menor daño posible, tal como lo hicimos en la anterior, es con una fuerte y decidida acción mancomunada entre la sociedad, sus organizaciones y el Estado, para que ninguna familia quede sola y desprotegida frente a la pandemia”.

Las desigualdades estructurales que perduran en nuestras ciudades y barrios se han profundizado con la pandemia y las medidas tomadas para hacerle frente. Para avanzar hacia un efectivo Derecho a la Ciudad para todas las personas que la habitan, en este complejo contexto es necesario garantizar el acceso a la vivienda, resguardar a las personas por sobre los mercados inmobiliarios y promover las economías populares y feministas.