María no va sola: Uruguay expresa su apoyo a niña víctima de abuso sexual

La Suprema Corte de Justicia uruguaya confirmó la restitución de una niña víctima de violencia doméstica y presunto abuso sexual a España, país en el que nació y fue violentada por su padre. Los uruguayos y uruguayas se unieron en apoyo a la niña y su madre, María, para dejar claro que no viajan solas.

La Justicia uruguaya resolvió que una niña de 6 años debía volver a su país de origen, España, donde se encuentra su padre acusado de abuso sexual y violencia doméstica. Junto a su madre, su abuela y su abuelo, la niña tuvo que viajar el 18 de junio y abandonar el país en el que vivió los últimos dos años con su familia.

La Intersocial Feminista (una articulación de organizaciones feministas de Uruguay) y la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual lanzaron una campaña de apoyo para María y su hija bajo el hashtag #MaríaNoVaSola. Con el objetivo de permitir que se quedaran a vivir en Uruguay, el año pasado se viralizó la campaña #MaríaNoSeVa, pero las manifestaciones sociales no fueron suficientes para que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cambiara su decisión.

Decenas de personas, comunicadoras/es, referentes culturales y de la sociedad civil se filmaron para mostrar su repudio a la decisión de la SCJ y su apoyo a María y la niña. Entre otros, los videos más difundidos fueron los de la banda de rock No Te Va a Gustar y la comunicadora Emilia Díaz.

Los mensajes de apoyo están reunidos en la página de Facebook “Todos por María y su hija” y bajo el hashtag #MaríaNoVaSola en Facebook, Twitter e Instagram.
María, por su parte, grabó un mensaje de agradecimiento.

Asimismo, en la última semana se difundió una carta para el embajador de España en Uruguay, a la que se puede adherir a través de la plataforma Change.org.

Breve cronología:

María y Fernando (nombre ficticio) comenzaron a vivir juntos en 2010 y tuvieron una hija en 2012. María y la niña vivieron con él hasta 2016 y, durante los años de convivencia, ambas fueron víctimas de violencia doméstica. 

En abril de 2016 María y su hija viajaron a Uruguay para visitar a su familia, tal como hacían todos los años. Pocos días después de su llegada la niña comenzó a manifestar comportamientos extraños y María la llevó a dos psicólogas que diagnosticaron que la niña había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre.

Antes de recibir el diagnóstico, María le comento a Fernando que había comenzado a llevar a la niña a terapia. En ese momento ambos padres acordaron que María y la niña vivirían en Uruguay. Entretanto y pese a haber autorizado la radicación de María y la niña en Uruguay, él cambió de opinión y exigió el retorno de la niña a España. Inició tres juicios: una denuncia penal contra María por “secuestro” de la niña, una demanda al juzgado de familia para reclamar la tenencia de la niña y una denuncia solicitando la restitución internacional de la niña a España.

María opuso excepciones pero, en setiembre de 2016, la Dra. Rosana Posse, Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 8° turno, convocó a las partes a audiencia y presionó a María para volver a España por voluntad propia.

María y Fernando llegaron un acuerdo por el que la niña volvería a España, siempre y cuando María tuviera la tenencia y se respetaran ciertas medidas de protección. Sin embargo, el padre de la niña no se presentó ante la instancia pertinente en el juzgado español, por lo que la Justicia de dicho país resolvió que no adoptaría las medidas acordadas. Cayó el acuerdo y se reanudó el proceso judicial.

Se practicaron nuevas pericias psicológicas a la niña y a María, esta vez con profesionales designadas por el Poder Judicial uruguayo. Tanto la tercera psicóloga como la trabajadora social confirmaron que la niña era víctima de violencia doméstica por parte del padre y que había fuertes indicios de que había sido víctima de abuso sexual. Ambas recomendaron la permanencia de la niña en Uruguay.  

Pese a estas pruebas, la sentencia definitiva de primera instancia ordenó la restitución internacional de la niña a España sin adoptar ninguna medida de protección.

María apeló y, en diciembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° turno confirmó la restitución de la niña a España pero agregó ciertas condiciones de protección.

El juez competente para adoptar dichas medidas exigió que María y Fernando comparecieran ante el juzgado español. María ratificó pero él solicitó medidas opuestas.

En marzo de 2017, Fernando se presentó ante la Dra. Rosana Posse y solicitó que se ejecutara la orden de restitución internacional. 

Asimismo, Fernando comenzó a acosar a María y su entorno a través de mails, Facebook, WhatsApp y llamadas telefónicas. La amenazó en reiteradas ocasiones, por lo que María denunció la situación en la Comisaría de la Mujer y solicitó medidas de protección adicionales, que le fueron otorgadas. Sin embargo, Fernando siguió persistiendo en comunicarse con María, violando la restricción dispuesta por sentencias judiciales.

María no volvió a España y Fernando solicitó al juzgado competente que sí reconociera las medidas de protección dispuestas. Sin embargo, la jueza española rechazó la solicitud y concluyó ser incompetente para entender en este asunto, fundado en que se había “consolidado la nueva residencia de la niña en Uruguay”. La situación se mantuvo hasta que cambió la jueza, quien, en agosto de 2017, revocó la sentencia que había dispuesto la incompetencia de los jueces españoles para entender en este asunto. Las medidas de protección fueron finalmente aprobadas en España.

Mientras tanto, María presentó la demanda de ratificación de tenencia de su hija en un nuevo proceso. Justificó la caducidad legal de la orden de restitución de la niña a España, probó que la niña había adquirido nueva residencia habitual en Uruguay y fundó la jurisdicción y competencia de los/as jueces/as uruguayos para resolver los temas de fondo de la menor.

En setiembre de 2017, la Dra. Posse dictó sentencia en el expediente de restitución internacional de la niña con la condición que se acreditara el cumplimiento de las medidas de protección.

María interpuso recursos de reposición y apelación contra: (i) la sentencia dictada en el proceso de ratificación de tenencia que dijo que la Dra. Posse resolvería si es competente o no luego de culminado el proceso de restitución internacional; y (ii) la sentencia dictada en el proceso de restitución internacional que tuvo por cumplidas las medidas dispuestas como condición para la ejecución de la restitución.

La Dra. Posse rechazó el recurso de reposición y afirmó que la sentencia no admitía apelación.

La defensa de María decidió elevar un recurso de Revisión del caso a la Suprema Corte de Justicia uruguaya (SCJ), basándose en tres causales: presunta indefensión de la niña en base a la actuación del abogado de oficio de la niña, presunta colusión de éste con el progenitor e incumplimiento de plazo de 30 días para concretar el regreso por parte del progenitor a partir de la sentencia en segunda instancia.

En octubre de 2017 la SCJ ingresó el recurso de revisión y suspendió temporalmente el viaje de la niña a España.

En junio de 2018, la SCJ rechazó los alegatos de la defensa y ordenó el retorno de la madre y la niña a España, con el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el Tribunal de Apelaciones.

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